ESTATUTO DEL

INSTITUTO ECUATORIANO DE DERECHO PROCESAL

 

TITULO I.- NORMAS GENERALES

CAPÍTULO I.- NATURALEZA, DOMICILIO Y PLAZO

Artículo 1.- Constitúyese el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, como una persona jurídica de Derecho Privado, de conformidad con lo dispuesto en el Título XXX del Libro Primero del Código Civil y el Reglamento expedido por el Presidente de la República.

Artículo 2.- El domicilio del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal será la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha.

Artículo 3.- El plazo de duración del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal será de cincuenta años, a contarse desde la fecha de su aprobación por el Ministerio de Educación y Cultura. Este plazo podrá ser aumentado o disminuido por resolución de la Asamblea General adoptada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros  de número.

Artículo 4.-  El Instituto es una persona jurídica académica sin fines de lucro, por lo que no puede desarrollar actividades comerciales o profesionales que persigan el logro de utilidades; sin embargo, está facultada para realizar operaciones de cualquier índole que interesen a la mayoría de sus miembros de número, si la Asamblea General así lo decide y si se encuentran dentro de su objeto social.

CAPÍTULO II.- MISION Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO

Artículo 5.- El Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal tiene por objetivo primordial impulsar el estudio, la investigación y difusión del Derecho Procesal ecuatoriano y comparado,  a fin de mejorar el conocimiento, el desarrollo conceptual y la práctica profesional de esta rama del Derecho en el ámbito nacional e internacional como medio de contribuir a la realización de la justicia.

Artículo 6.- El Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal tiene por finalidad la representación, gestión, logro y defensa de los intereses comunes de sus miembros de acuerdo con las normas de este estatuto.

Artículo 7.- El Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal a fin de alcanzar sus objetivos, desarrollará las siguientes actividades:

  1. Promover la investigación jurídica relacionada con el Derecho Procesal;
  2. Propiciar el acercamiento nacional e internacional entre personas naturales o jurídicas dedicadas al estudio, enseñanza, aplicación y difusión de las disciplinas jurídicas procesales;
  3. Promover, fomentar y mantener la publicación de una revista que constituirá el órgano oficial de divulgación de sus actividades;
  4. Impulsar, divulgar y, en su caso, financiar la publicación de libros, revistas o, en general, de cualquier obra jurídica cuyo contenido se refiera al Derecho Procesal;
  5. Trabajar en procura de la elevación del nivel científico y técnico de las publicaciones que auspicie estableciendo estándares mínimos de calidad;
  6. Colaborar por medio de estudios, análisis, consultorías o en cualquier tipo de asesoramiento legislativo, cuando se requiera de su participación dentro de procesos de reformas de leyes procesales, ya sea por petición de los organismos oficiales o por iniciativa propia;
  7. Promover y auspiciar la elaboración de comentarios fundamentados respecto de normas procesales vigentes y jurisprudencia nacional o extranjera relacionada con el Derecho Procesal a fin de difundir información y procurar introducir discusiones en el foro jurídico;
  8. Emitir opinión razonada sobre cualquier asunto que, relacionado con su objeto, sea sometido a su consideración;
  9. Promover, organizar y desarrollar concursos, así como promocionar y auspiciar a sus miembros para la participación en eventos, convocatorias y becas llamadas por el Instituto o por entidades nacionales o extranjeras dedicadas a los mismos fines;
  10. Fomentar y propiciar relaciones del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal con otros entes como: universidades, institutos científicos, organismos públicos y privados, colegios de abogados y otros;
  11. Promover la capacitación académica de docentes, profesionales, funcionarios públicos y estudiantes, para lo cual organizará y desarrollará toda clase de eventos académicos como: seminarios, congresos, cursos, foros, simposios, jornadas, y otros de caracter nacional o internacional destinados al estudio y difusión del Derecho Procesal, tales eventos podrán desarrollarse por iniciativa propia o en coordinación con los organismos competentes esto es el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría General del Estado,  la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General, los colegios de abogados del país, así como la universidades e institutos científicos y otros organismos públicos y privados;
  12. Propiciar el reconocimiento público de los méritos académicos científicos y profesionales de los juristas que hayan prestado servicios relevantes a la divulgación del Derecho Procesal, mediante la elaboración de trabajos científicos, la realización de publicaciones, la participación de conferencias, la elaboración de proyectos y ponencias y otras actividades similares. Este reconocimiento se plasmará en la concesión de premios y estímulos económicos y en la gestión para que se otorguen condecoraciones por el Gobierno Nacional, el Gobierno Seccional, Función Judicial, Casa de la Cultura, universidades, y otras entidades;
  13. Promover y auspiciar el intercambio de conferencistas y de publicaciones y trabajos especializados en Derecho Procesal con otras entidades dedicadas a los mismos fines;
  14. Propiciar campañas de opinión para concienciar a las autoridades competentes en la necesidad de modernizar y actualizar códigos y leyes procesales;
  15. Promover y tener a su cargo la creación y mantenimiento de una biblioteca especializada en Derecho Procesal, así como auspiciar la sistematización y clasificación de material bibliográfico relativo a esta disciplina jurídica;
  16. Propiciar el estudio, difusión y desarrollo de los medios alternativos de solución de conflictos, y;
  17. Podrá igualmente desarrollar aquellas actividades o cometidos que tengan relación directa o indirecta con  fines institucionales y que sirvan para el logro de los mismos, sin más limitaciones que las impuestas por la ley y sus propias regulaciones.

CAPITULO III.- MIEMBROS DEL INSTITUTO.-

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 8.- Podrán formar parte del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal todas aquellas personas naturales cuyas actividades académicas, profesionales o publicaciones se relacionen directamente con el Derecho Procesal.

Artículo 9.- Los miembros se clasifican en: miembros de número,  miembros correspondientes y  miembros honorarios.

Los miembros de número son los fundadores, (es decir aquellos que suscriben el acta de fundación) y los adherentes (esto es, aquellos que sean posteriormente admitidos con tal carácter).

El total de los miembros de número será el señalado mediante resolución anual por la Asamblea General,  la que igualmente determinará el número máximo de miembros para cada capítulo regional si llegaren a establecerse.

Los miembros de número serán los únicos que podrán participar en las asambleas con derecho a voz y voto.

Los miembros correspondientes son aquellos que, admitidos con tal carácter,  pueden participar activamente de las actividades del Instituto y tendrán derecho a optar, en caso de vacantes, para ser nombrados como miembros de número.

Los miembros honorarios son aquellos juristas nacionales o extranjeros a quienes el Instituto reconoce su destacada trayectoria profesional o académica y los invita a participar en esa calidad; así como también a los miembros de número que han alcanzado el límite de edad señalado en el artículo 12 de este estatuto.

Artículo 10.- Quien haya sido suspendido en el ejercicio de la profesión, o destituido de un cargo de la judicatura u otro cargo público o haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por la comisión de un delito no podrán ser miembros del Instituto.

Artículo 11.- En el caso de vacantes, para el ingreso de nuevos miembros de número se requerirá:

1.- Ser miembro correspondiente del Instituto por un lapso mínimo de cinco años;

2.- Tener título de doctor en jurisprudencia o abogado conferido o revalidado por una universidad ecuatoriana legalmente reconocida por el CONESUP;

3.- Tener título de cuarto nivel en cualquiera de las ramas del derecho o acreditar la docencia en Derecho por un lapso mínimo de diez años de los cuales al menos cinco serán en Derecho Procesal;

4.- Haber ejercido la profesión, realizado actividades académicas o la judicatura por un lapso mínimo de diez años. Todas las actividades anteriormente señaladas deberán haberse desempeñado con público reconocimiento de solvencia y honestidad;

5.- Haber realizado al menos una publicación como autor o coautor sobre temas relacionados con el Derecho Procesal;

6.- Ser presentado por escrito con el auspicio de por al menos dos miembros de número del Instituto;

7.- Presentar un trabajo académico inédito relativo a algún tema de Derecho Procesal, el cual, de ser admitido el candidato,  le servirá de disertación para su ceremonia de incorporación, y;

8.- Ser admitido por la Asamblea General con el voto conforme de la totalidad de los miembros de número asistentes y pagar la cuota de ingreso que establezca dicha Asamblea.

Artículo 12.- Para que un candidato sea admitido como miembro correspondiente se requerirá:

1.- Tener título de doctor en jurisprudencia o abogado conferido o revalidado por una universidad ecuatoriana legalmente reconocida por el CONESUP;

2.- Haber ejercido la docencia, la investigación, la judicatura o la profesión por un lapso mínimo de dos años. Todas las actividades anteriormente señaladas deberán haberse desempeñado con público reconocimiento de solvencia y honestidad;

3.- Haber realizado al menos un trabajo de investigación sobre temas relacionados con el Derecho Procesal, tales como tesis, tesinas o monografías de graduación en el tercer nivel  o en el cuarto nivel, sea que se haya publicado o permanezca inédito;

4.- Ser presentado por escrito con el auspicio de por al menos un miembro de número del Instituto, y;

5.- Ser admitido por la Asamblea General con tal carácter y pagar la cuota de ingreso como miembro correspondiente que establezca la Asamblea General.

Artículo 13.- La Asamblea General del Instituto, decidirá por unanimidad de los miembros de número asistentes, la incorporación al Instituto de nuevos miembros con la calidad de honorarios, previo el reconocimiento de su trayectoria profesional o académica. Y realizará para ello una ceremonia especial de incorporación en la que se resaltarán sus aportes al Derecho Procesal. Los miembros de número, al cumplir los setenta y cinco años dejaran de tener tal calidad y pasaran de pleno derecho a ser miembros honorarios.

Artículo 14.- Son derechos de los miembros de número:

1.- Asistir a las sesiones de la Asamblea General, con derecho a voz y voto;

2.- Elegir y ser elegido para integrar los órganos de administración del Instituto y ostentar cargos directivos;

3.- Intervenir conforme a las normas legales y estatutarias, en el gobierno y administración del Instituto;

4.- Recavar del Consejo de Administración información sobre la marcha de la gestión del Instituto;

5.- Recibir información sobre las actividades del Instituto;

6.- Utilizar los servicios comunes que establezca el Instituto, como las bases de datos jurídicas, jurisprudenciales, bibliotecas e instalaciones, y otros;

7.- Ejercitar las acciones y recursos a que haya lugar en defensa de sus derechos en el ámbito del Instituto e instar a éste que interponga las acciones y recursos oportunos para la defensa de los intereses comunes de los asociados;

8.-  Presentar y auspiciar, cuando sea del caso, a los candidatos a miembros de número y a miembros correspondientes;

9.- Recibir apoyo para la divulgación, promoción o financiamiento en la publicación de libros, revistas o en general de cualquier obra jurídica cuyo contenido se refiera al Derecho Procesal;

10.- Participar en los estudios, análisis, consultorías o en cualquier tipo de asesoramiento legislativo, cuando se requiera y sobre todo dentro de procesos de reformas de leyes procesales, ya sea por petición de los organismos competentes o por iniciativa propia;

11.- Participar en la elaboración de comentarios u opiniones razonadas  respecto de cualquier asunto que, relacionado con el Derecho Procesal, sea sometido a su consideración; así como relativo a normas procesales vigentes y jurisprudencia nacional o extranjera relacionada con el Derecho Procesal;

12.- Intervenir como organizador, expositor, delegado o asistente a los seminarios, congresos, reuniones científicas, cursos, foros, simposios,  reuniones o jornadas nacionales o internacionales realizados por el Instituto o por entidades dedicadas a los mismos fines, relacionadas con el Instituto;

13.- Capacitar y recibir capacitación académica, y;

14.- Participar en los concursos, convocatorias y becas convocados por el Instituto.

Artículo 15.- Son deberes de los miembros de número:

1.- Ajustar su actuación a las normas estatutarias;

2.- Cumplir y acatar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración;

3.- Satisfacer puntualmente las cuotas que se establezcan y hacer frente a las obligaciones económicas del Instituto, originadas por acuerdo previo de la Asamblea General;

4.- Facilitar información oportuna sobre asuntos que no tengan naturaleza reservada, que haya sido solicitada por el Consejo de Administración, siempre que previamente se demuestre de forma satisfactoria que es de interés académico-científico exclusivo para el instituto;

5.- Brindar la colaboración necesaria en interés del buen funcionamiento del Instituto, así como de las actividades académicas, culturales y sociales, como conferencias, concursos, y otras;

6.- Plantear ante los organismos correspondientes las cuestiones, problemas o necesidades de interés común a fin de que estos tomen su representación en las gestiones a realizar;

7.- Colaborar con material bibliográfico para la publicación de una revista que constituirá el órgano oficial de divulgación de las actividades del Instituto;

8.- Colaborar en el establecimiento y el funcionamiento de la biblioteca especializada en Derecho Procesal del Instituto;

9.- Colaborar en la sistematización y clasificación de material bibliográfico relativo al Derecho Procesal, y;

10.- Entregar a la biblioteca del Instituto, al menos un ejemplar de cada una de las publicaciones que realice.

Artículo 16.- Son derechos de los miembros correspondientes:

1.- Recibir información sobre las actividades del Instituto;

2.- Utilizar los servicios comunes que establezca el Instituto, como las bases de datos jurídicas, jurisprudenciales, bibliotecas e instalaciones, y otros;

3.- Recibir apoyo para la divulgación, promoción o financiamiento en la publicación de libros, revistas o en general de cualquier obra jurídica cuyo contenido se refiera al Derecho Procesal;

4.- Participar en los estudios, análisis, consultorías o en cualquier tipo de asesoramiento legislativo, cuando se requiera y sobre todo dentro de procesos de reformas de leyes procesales, ya sea por petición de los organismos competentes o por iniciativa propia;

5.- Participar en la elaboración de comentarios u opiniones razonadas  respecto de cualquier asunto que, relacionado con el Derecho Procesal, sea sometido a su consideración; así como relativo a normas procesales vigentes y jurisprudencia nacional o extranjera relacionada con el Derecho Procesal;

6.- Intervenir como organizador, expositor, delegado o asistente a los seminarios, congresos, reuniones científicas, cursos, foros, simposios,  reuniones o jornadas, y otros, nacionales o internacionales realizados por el Instituto o por entidades dedicadas a los mismos fines, relacionadas con el Instituto;

7.- Capacitar y recibir capacitación académica;

8.- Participar en los concursos, convocatorias y becas convocados por el Instituto;

9.- Asistir a las sesiones de la Asamblea General, en la forma que determine el Reglamento, y;

10.- Optar para la nominación como miembro de número de conformidad con las normas estatutarias.

Artículo 17.- Son deberes de los miembros correspondientes:

1.- Ajustar su actuación a las normas estatutarias;

2.- Cumplir y acatar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración;

3.- Satisfacer puntualmente las cuotas que se establezcan y hacer frente a las obligaciones económicas del Instituto, originadas por acuerdo previo de la Asamblea General;

4.- Facilitar información oportuna sobre asuntos que no tengan naturaleza reservada, que haya sido solicitada por el Consejo de Administración, siempre que previamente se demuestre de forma satisfactoria que es de interés académico – científico  exclusivo para el instituto;

5.- Mantener la colaboración necesaria en interés del buen funcionamiento del Instituto, así como de las actividades académicas, culturales y sociales, como conferencias, concursos, y otros;

6.- Plantear ante los organismos correspondientes las cuestiones, problemas o necesidades de interés común a fin de que estos tomen su representación en las gestiones a realizar;

7.- Colaborar en el establecimiento y el funcionamiento de la biblioteca especializada en Derecho Procesal del Instituto;

8.- Colaborar en la sistematización y clasificación de material bibliográfico relativo a esta disciplina jurídica que realiza el instituto, y;

9.- Entregar a la biblioteca del Instituto, al menos un ejemplar de cada una de las publicaciones que realice.

Artículo 18.- Los miembros honorarios serán invitados a los actos públicos del Instituto, en los cuales ocuparán un sitial de honor. Igualmente podrán ser invitados a las Asambleas Generales, en la forma que determine el Reglamento. Los miembros honorarios podrán brindar al Instituto la colaboración que a bien lo tengan.

Artículo 19.- Son causas de exclusión de los miembros del Instituto:

1.- La voluntad del miembro interesado expresada por escrito ante el Consejo de Administración, siempre y cuando se encuentre al día con sus obligaciones para con el Instituto;

2.- El incumplimiento de las obligaciones estatutarias, particularmente la mora reiterada en el pago de las cuotas y la inasistencia injustificada a dos o más asambleas;

3.- El cometimiento de faltas graves contra la ética profesional;

4.- Ser declarado legalmente incapaz, y;

5.- El haber sido suspendido en el ejercicio de la profesión, o destituido de un cargo de la judicatura u otro cargo público o haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por la comisión de un delito.

CAPITULO IV.- DE LAS CAPITULOS REGIONALES

Artículo 20.- Se establecerán capítulos regionales del Instituto en las distintas secciones territoriales de la República en la que existan al menos cinco miembros.

Artículo 21.- Los capítulos regionales funcionarán de acuerdo con el reglamento que la efecto dictará la Asamblea General.

TITULO II.- DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

 DEL   INSTITUTO

Artículo 22.- El Instituto está regido y fiscalizado por la Asamblea General y administrado por el Consejo de Administración.

CAPITULO I.- DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 23.- La Asamblea General es el órgano máximo de decisión y control del Instituto y se encuentra integrada por los miembros de número.

Los miembros de número del Instituto, reunidos en Asamblea General legalmente constituida, decidirán por mayoría absoluta en los asuntos propios de competencia de la Asamblea, excepto cuando el presente estatuto establezca un quórum decisorio diferente.

Todos los miembros del Instituto, quedarán sometidos a las resoluciones válidamente adoptadas por la Asamblea General.

Artículo 24.- Son deberes y atribuciones de la Asamblea General:

1.- Elegir a los integrantes del Consejo de Administración de entre los miembros de número, así como removerlos o destituirlos;

2.- Aprobar el presupuesto anual, que será elaborado por el Presidente y el Tesorero, el que estará en vigencia desde el mes de enero de cada año. Podrá reformar dicho presupuesto en caso de que sea necesario para el mejor cumplimiento de su sus fines;

3.- Recibir los informes del Presidente, Secretario y Tesorero sobre el cumplimiento de sus funciones;

4.- Controlar la actividad y gestión del Consejo de Administración, especialmente las del Tesorero, quien presentará los balances del Instituto con al menos ocho días de anticipación a la fecha en que se ha de realizar la Asamblea General ordinaria;

5.- Controlar que las inversiones se realicen de acuerdo al presupuesto aprobado y, en general, fiscalizar las actuaciones de los órganos de administración; para el efecto, la Asamblea General establecerá el mecanismo para ejercer esta atribución;

6.- Trazar las líneas generales de actuación para que el Instituto pueda cumplir sus fines;

7.- Fijar políticas de acción a las que se deberá sujetar el Consejo de Administración en sus actuaciones;

8.- Nombrar las comisiones que juzguen necesarias para alcanzar fines y objetivos propios del Instituto;

9.- Sesionar ordinariamente por lo menos una vez al año y en forma extraordinaria, cada vez que se la convoque;

10.- Revisar y fijar anualmente el número máximo de los miembros de número.

11.- Determinar las cuotas ordinarias y extraordinarias que deban pagar los miembros del Instituto, las que se destinarán para alcanzar sus objetivos y fines, así como fijar el tiempo de pago de dichas cuotas para que sean recaudadas por el Tesorero;

12.- Resolver la prórroga del plazo de duración del Instituto, o su disolución y liquidación anticipadas;

13.- Acordar todas las modificaciones al presente Estatuto, de conformidad con la Ley;

14.- Aprobar el ingreso y ejercer la atribución disciplinaria de sus miembros, pudiendo decidir la suspensión o  la exclusión de los mismos, debiendo llevarse a cabo un procedimiento que observe las normas del debido proceso;

15.- Resolver con fuerza obligatoria sobre las dudas que ocurran en la aplicación de las disposiciones de este Estatuto;

16-. Resolver todos los asuntos que le correspondan, según este Estatuto y las leyes pertinentes, y;

17.- Las demás que le asigne la Ley o el Estatuto y todas aquellas que expresamente no se encuentren encomendadas a los demás órganos del Instituto.

Artículo 25.- La Asamblea General, a iniciativa propia o por solicitud del Consejo de Administración, en caso de ser necesario,  con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros de número presentes, podrá delegar una o más de sus facultades en una o varias comisiones especiales y designar las personas que deban integrarlas, que serán necesariamente miembros de número.

Igualmente podrá autorizar, con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros de número presentes, a que el Consejo de Administración delegue una o varias de sus facultades en comisiones especiales, y designar a las personas que las conformarán.

Las atribuciones de las comisiones especiales serán las señaladas por la Asamblea General y responderán por la gestión cumplida.

Artículo 26.- La Asamblea General será ordinaria o extraordinaria. La ORDINARIA se reunirá una vez al año, dentro de los tres primeros meses del año y obligatoriamente conocerá entre los puntos de su orden del día, los especificados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 23 de este estatuto. Las demás Asambleas Generales que se reúnan tendrán el carácter de EXTRAORDINARIAS, y en ellas únicamente se podrán tratar los asuntos expresamente determinados en la convocatoria. Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula y sin ningún valor, a menos que se trate de deliberar sobre la remoción o suspensión de los miembros del Consejo de Administración.

Artículo 27.- La Asamblea General se reunirá previa convocatoria del Presidente o de quien haga sus veces, a iniciativa propia a solicitud del Consejo de Administración o cuando lo solicite al Presidente por escrito un número de miembros de número que representen, al menos, un tercio del total.

La convocatoria deberá hacerse con al menos ocho días de anticipación al día señalado para la reunión, mediante comunicación que se cursará por carta impresa o por vía electrónica y que se dejará en la dirección registrada por cada uno de los miembros, de considerar necesario también podrá convocarse a través de los distintos medios de comunicación social.

En la convocatoria se expresará el día, hora y lugar de la reunión, así como los asuntos que constituyen el orden del día y la advertencia de que, si no se encuentran presentes al menos el cincuenta porciento de los miembros de número, la asamblea se instalará después de sesenta minutos con los miembros de número que se encuentren presentes, salvo el caso que se necesite de quórum especial para adoptar la resolución.

Artículo 28.- En el día y hora señalados para la reunión de la Asamblea, por secretaría se establecerá si se encuentra presente el quórum requerido. De no concurrir al menos el cincuenta porciento de los miembros de número, la asamblea transcurridos sesenta minutos, se instalará con los miembros de número que estuvieren presentes.

Las resoluciones de las Asambleas Generales, sean éstas ordinarias o extraordinarias, deberán adoptarse por mayoría absoluta de votos de los miembros de número asistentes a la reunión, es decir, votos concordantes de por lo menos la mitad más uno de dichos miembros  presentes, salvo que se necesite una mayoría especial. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Cuando en la votación de Asamblea General se produjere empate, la proposición se considerará negada, sin perjuicio del derecho de pedir que se tome nueva votación o que el asunto se trate en otra Asamblea General.

Para que la Asamblea General pueda acordar válidamente la disolución del Instituto o la disminución o la ampliación de su plazo de duración y en general cualquier modificación del Estatuto, la exclusión de cualquiera de los miembros del Instituto, así como la remoción de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, deberán concurrir los votos de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de número asistentes a la Asamblea.

Artículo 29.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del Instituto y actuará como Secretario el Secretario del Consejo de Administración.

En caso de ausencia del Presidente le reemplazará el Vicepresidente, y de faltar el Secretario, los concurrentes designarán a quien actuará en la Asamblea en reemplazo del ausente.

Artículo 30.- Los miembros de número podrán hacerse representar en la Asamblea General únicamente por otro miembro de igual calidad, mediante carta o documento notarial dirigido al Presidente. La representación es indivisible, por consiguiente, no podrán concurrir a la Asamblea el representante y el representado, ni más de un representante por el mismo representado. Los miembros del Consejo de Administración no pueden ser apoderados.

Artículo 31.- De cada reunión se levantará un acta, que deberá contener un extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos adoptados y el resultado numérico de las votaciones.

El acta podrá aprobarse en la misma sesión y llevará las firmas del Presidente y del Secretario.

Las actas de las sesiones de Asamblea General se llevarán en hojas móviles escritas en computadora u otro medio mecánico e impresas por el anverso y el reverso, que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricada una por una por el Secretario.

CAPITULO II.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 32.- El Consejo de Administración es el órgano de dirección del Instituto; se conforma por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, dos vocales principales y dos vocales alternos, quienes durarán en sus funciones dos años y podrán ser reelegidos hasta un máximo de dos períodos consecutivos, sin perjuicio de que transcurrido un período puedan volver a ser nombrados. Permanecerán en el desempeño de sus cargos hasta que sean legalmente reemplazados.

El desempeño de los cargos será gratuito, salvo que la Asamblea General decida establecer una remuneración para quienes lo desempeñan.

Los gastos en que hayan incurrido los miembros del Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones deberán ser restituidos con cargo a la correspondiente partida del presupuesto del Instituto.

Artículo 33.- En caso de muerte, renuncia o abandono del cargo de un miembro del Consejo de Administración, este Órgano designará el reemplazante por el tiempo que falte para completar el período, salvo lo dispuesto para la subrogación del Presidente.

Artículo 34.- Los miembros del Consejo de Administración cesarán en su cargo antes de que se cumpla el período para el cual fueron designados, por alguna de las siguientes causales:

1.- Por dimisión voluntaria presentada, mediante escrito razonado.

2.- Por  dejar de ser miembro por cualquiera de las causas establecidas en el presente estatuto.

3.- Por cualquier otra causa legal.

Artículo 35.- Son atribuciones y deberes del Consejo de Administración:

1.- El cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de acuerdo con las normas, instrucciones y directrices generales acordadas por ésta;

2.- Proponer a la Asamblea General la defensa en forma adecuada y eficaz de los intereses profesionales a su cargo, así como los programas de actuación.

3.- Proponer a la Asamblea General los valores que se deben fijar por las cuotas de ingreso que deban cubrir los nuevos miembros, de las cuotas ordinarias que deben cancelar los miembros, así como el establecimiento de cuotas extraordinarias;

4.- Solicitar a su Presidente que convoque a Asamblea General;

5.- Presentar a la Asamblea General para su aprobación el balance y estado de cuentas de cada ejercicio y elaborar el presupuesto para el siguiente ejercicio.

6.- Elaborar la Memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la Asamblea General;

7.- Nombrar y separar a los empleados del Instituto, previo el cumplimiento de las formalidades legales;

8.- Inspeccionar la contabilidad y velar por el normal funcionamiento de los servicios del Instituto;

9.- Designar provisionalmente, en caso de falta o ausencia definitiva del titular, al Vicepresidente, al  Secretario y al Tesorero, hasta que la Asamblea General proceda a realizar el nombramiento del nuevo titular, por el tiempo que falte para completar el período;

10.- En casos de extrema urgencia, adoptar decisiones sobre asuntos cuya competencia corresponda a la Asamblea General convocando a ésta inmediatamente para darle cuenta de lo actuado y solicitar su ratificación, y;

11.- Cualquiera otra facultad que sea expresamente delegada por la Asamblea General.

Artículo 36.- El Consejo de Administración, previa convocatoria efectuada por su Presidente o por quien le sustituya, se reunirá en sesión ordinaria el primer lunes de cada mes. Si el primer lunes del  mes es feriado, la sesión se realizará el primer día hábil siguiente.

En sesión extraordinaria se reunirá cuando con tal carácter la convoque su Presidente, por iniciativa propia o a solicitud de un tercio de sus miembros.

Artículo 37.- El Consejo de Administración podrá sesionar validamente con al menos tres de sus miembros, entre los que necesariamente deberá estar el Presidente o quien lo reemplace.

Los miembros del Consejo de Administración están obligados a acudir a cuantas reuniones sean convocados. La asistencia a las reuniones del Consejo de Administración no podrá delegarse, salvo lo estipulado para las personas jurídicas que lo conforman.

Cuando no se hubiere alcanzado el quórum requerido en dos convocatorias sucesivas del Consejo de Administración  y siempre que se hubiere notificado en forma estatutaria a sus miembros, se presumirá su inoperancia y se procederá a su renovación. Para tal efecto, el Presidente, o quien haga sus veces por falta de éste, convocará a Asamblea General para sustituir a los miembros inoperantes.

Artículo 38.- El Consejo de Administración adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de votos de los asistentes.

De los sesiones del Consejo de Administración se levantará un acta que estará suscrita por el Presidente y el Secretario o por quienes hagan sus veces.

CAPITULO III.- DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE

Artículo 39.- Son deberes y atribuciones del Presidente:

1.- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, del Instituto;

2.- Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, y todo acto público o privado de aquellos relacionados con el Instituto;

3.- Convocar a las reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Administración;

4.- Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración;

5.- Autorizar con su firma las Actas de las Sesiones, las comunicaciones oficiales y las inversiones; así como firmar los cheques conjuntamente con el Tesorero;

6.- Autorizar los vales y comprobantes de pago con la indicación de la sesión que haya autorizado gastos e ingresos, dando las correspondientes órdenes al Tesorero;

7.- Practicar controles al Tesorero y  examinar los balances;

8.- Presentar al término del ejercicio ante la Asamblea General, el informe anual de labores e inversiones, y;

9.- Las demás atribuciones inherentes al cargo y las que en él delegue la Asamblea General o el Consejo de Administración.

Artículo 40.- El Presidente podrá delegar una o varias de sus facultades y atribuciones a cualquier otro miembro del Consejo de Administración, para el cabal cumplimiento de los fines del Instituto y de los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno y podrá otorgar poderes a terceras personas contando con la autorización del Consejo de Administración.

Artículo 41.- En caso de ausencia o falta del Presidente, le subrogará el Vicepresidente, con todas las obligaciones y deberes. Si la falta del Presidente es definitiva, el Vicepresidente completará el período para el cual fue elegido el Presidente. En este caso, la Asamblea General designará al nuevo Vicepresidente para que concluya el período.

El Presidente le encargará de manera oficial la subrogación. En caso de que no lo haya hecho, será el Consejo de Administración el que haga el encargo, a cuyo efecto se reunirá previa convocatoria realizada por el Vicepresidente.

CAPÍTULO IV.- DEL SECRETARIO

Artículo 42.- Son deberes y atribuciones del Secretario:

1.- Notificar a los miembros para las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General y Consejo de Administración, la convocatoria del Presidente, debiendo actuar en todas las sesiones y actos oficiales;

2.- Certificar las resoluciones de Asamblea General, del Consejo de Administración y del Presidente;

3.- Redactar las Actas de las Sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, llevar los libros de  la Entidad, y;

4.- Conferir copias de los documentos que los solicitaren.

CAPÍTULO V.- DEL TESORERO

Artículo 43.- Son deberes y atribuciones del Tesorero:

1.- Recaudar todos los valores establecidos por la Asamblea General y llevar estricta contabilidad de los mismos;

2.- Llevar un inventario de los bienes del Instituto que permanecerán bajo su custodia y responsabilidad;

3.- Abrir las cuentas corrientes bancarias que estimare conveniente el Consejo de Administración, y suscribir los cheques conjuntamente con el Presidente;

4.- Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el cumplimiento de los socios en cuanto al pago de las cuentas;

5.- Llevar la contabilidad general con oportuno movimiento de ingresos y egresos de los comprobantes necesarios y de responder de todos los valores que administra;

6.- Presentar a la Asamblea General el informe anual documentado de las cuentas de su gestión;

7.- Realizar los pagos y exigir las facturas que cumplas los requisitos legales; llevar los libros de caja y de ingresos y egresos, debidamente rubricados por el Presidente, y;

8.- Concurrir a las Sesiones de Asamblea General y de Consejo de Administración e informar sobre los asuntos que son de su competencia.

Artículo 44.- No podrán desempeñar el cargo de tesorero quienes se encuentren en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente del Consejo de Administración.

Artículo 45.- El Tesorero no podrá conceder ningún préstamo de los fondos que administre. Para realizar cualquier pago requiere de la orden del Presidente del Consejo de Administración.

CAPITULO VI.- DE LOS VOCALES

Artículo 46.- El Consejo de Administración se integrará por dos vocales principales y sus respectivos alternos. En caso de falta o ausencia de los vocales principales, éstos serán reemplazados por sus respectivos vocales alternos. Si la falta es definitiva, los vocales alternos se principalizarán, debiendo el Consejo de Administración  nombrar los nuevos vocales alternos para completar el período para el cual fueron designados los reemplazados.

Artículo 47.- Corresponde a los Vocales integrar el Consejo de Administración, deliberar y votar en la toma de decisiones.

TITULO III.- DEL REGIMEN ECONOMICO DEL INSTITUTO

Artículo 48.- Están obligados al sostenimiento económico del Instituto todos los miembros del mismo, mediante el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias que determine la Asamblea General, a propuesta del Consejo de Administración.

La Asamblea General podrá establecer cuotas para el ingreso de nuevos miembros.

La cuota de ingreso se abonará de una sola vez; las cuotas ordinarias, por semestres anticipados; las extraordinarias, en la forma que determine la Asamblea en que se aprueben.

Artículo 49.- Formarán parte de los ingresos del Instituto los aportes activos, donaciones y los rendimientos de las publicaciones, promociones, seminarios y talleres,  asesorías y eventos realizados

TITULO IV. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 50.- Corresponde a la Comisión Disciplinaria verificar el cumplimiento del estatuto y de las obligaciones que de él se deriven, así como sancionar las faltas al Código de Ética profesional institucional que será aprobado y reglamentado por la asamblea. Si la infracción cometida amerita que el miembro sea separado del Instituto, el caso será llevado a conocimiento de la Asamblea General.

Artículo 51.- El Consejo de Administración velará por el cumplimiento de las normas contenidas en este Estatuto y pondrá en conocimiento de la Asamblea General las faltas en que incurran sus miembros, para que dicho órgano sancione las infracciones previo un procedimiento en el que se respetarán todas las garantías del debido proceso.

TITULO V. DISOLUCION DEL INSTITUTO

Artículo 52.- El Instituto podrá disolverse antes del vencimiento de su plazo por acuerdo de la Asamblea General expresamente convocada a tal efecto con carácter extraordinario.

Artículo 53.- Acordada la disolución o producida ésta por el vencimiento de su plazo, la Asamblea General decidirá el destino de los bienes del Instituto y/o del remanente neto resultante de la liquidación, así como las medidas necesarias para la extinción y liquidación de cualesquiera operaciones pendientes.

En caso de que la Asamblea General no decida sobre el destino que debe darse a los bienes del Instituto y/o al remanente neto resultante de la liquidación, éstos pasarán a ser de propiedad del Colegio de Abogados de Quito.

Las gestiones de liquidación serán de competencia del liquidador designado por la Asamblea General; para el caso en que la Asamblea General no designe un liquidador, corresponderá al Consejo de Administración, manejar el proceso de liquidación del Instituto.