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Antecedentes:
El Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia del Ecuador, Projusticia, unidad adscrita a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, preparó a través de un grupo de consultores un documento que contenía el anteproyecto de Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de hacer efectiva la oralidad en la sustanciación de los procesos civiles.
Se inició la revisión de este trabajo por un grupo de expertos, pero diversas situaciones (entre ellas —y de manera principal— la situación de desestabilización que vivió el Poder Judicial en diciembre de 2004 con la inconstitucional cesación de la Corte Suprema de Justicia), determinó la suspensión de esa revisión, hasta enero del 2007, mes en el que Projusticia encargó al Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal la redacción de un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Civil.
El Proyecto tomó como base los preceptos constitucionales relativos al proceso y a la organización judicial; asimismo, otra de las fuentes del trabajo fue el Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, elaborado por los profesores Gelsi Bidart, Véscovi y Torello, por encargo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
El Proyecto sirvió de base a un nuevo documento que elaboró el Ministerio de Justicia en el año 2009, a la luz de la Constitución de 2008. Por diversas razones, este documento no vio la luz; en su lugar, se prefirió una iniciativa presentada por consultores del CEJA, encargada por el Consejo de la Judicatura Transitorio; como es conocido, este proyecto finalmente no cuajó por ajeno a la realidad procesal ecuatoriana, aunque posteriormente sirvió de base junto con otros estudios e intervenciones de diversos organismos estatales para el actual Código Orgánico General de Procesos (expedido en 2015).
